Fuente: EL COMERCIO
La Fiscalía de Ecuador formalizó su acusación por presunto enriquecimiento ilícito contra el exministro Javier Córdova. El exfuncionario fue parte del Gobierno del expresidente Rafael Correa (2007-2017) y también a inicios de la administración del expresidente Lenín Moreno (2017-2021).
En la audiencia preparatoria de juicio, el juez de la Corte Nacional, Marco Rodríguez Ruiz, declaró la validez procesal de la instrucción realizada por la Fiscalía. Convocó a las partes para dar su veredicto el 5 de agosto de 2024. Ahí se determinará si el proceso contra Córdova pasa a la etapa de juicio.
Fiscalía presentó 110 pruebas en contra de Javier Córdova
El fiscal general adjunto Wilson Toainga presentó en la sesión un total de 110 elementos de convicción contra Córdova.
En enero de 2024, Rodríguez Ruiz dictó una orden de ingreso en prisión preventiva contra Córdova, así como su captura a nivel internacional. La búsqueda se centra en Colombia y EE.UU.
También solicitó que se le retenga al procesado las cuentas bancarias, pólizas e inversiones en el sistema financiero nacional. También se prohibió transferir, enajenar o mover bienes inmuebles y vehículos por un monto mayor a 1,1 millones de dólares.
El aumento de su patrimonio no ha sido justificado
Córdova ocupó varias carteras (Interior, Recursos Naturales No Renovables, y Minería) durante los gobiernos de los expresidentes Rafael Correa (2007-2017) y Lenín Moreno (2017-2021).
De acuerdo con la Fiscalía, “durante ese periodo existió un aumento patrimonial injustificado por parte del procesado. Esto se produjo de forma constante y continuada, a través de actividades financieras de diversa índole”.
Entre esos ingresos figuran, según el Ministerio Público, “el pago de valores por parte de terceras personas en efectivo, cheques y transferencias por supuestas relaciones comerciales, societarias y préstamos sin que los mismos contaran con justificación o respaldo documentado alguno”.
También aparentemente con la compraventa de motocicletas, adquisición de vehículos con pagos efectuados por terceros, depósitos o transferencias de personas particulares y públicas.También hay la cancelación de deudas en sus tarjetas de crédito por ciudadanos con quienes no tenía relación comercial.
Entre los elementos de convicción presentados se incluyó el informe de análisis financiero, en el cual se evidencia que los ingresos recibidos en cuentas por terceras personas es de 224 886 dólares.
En ese documento también figura que el valor cancelado en las tarjetas de crédito es de 809 858,48 dólares. A esto se suman 166 477 dólares (monto cancelado por vehículos cuya procedencia se desconoce). En total da 1 141 669,68 dólares, como presunto enriquecimiento ilícito. EFE