Fuente: EL UNIVERSO

Faltando 16 días para que el Gobierno de Lenín Moreno concluya su mandato, este decidió asignar $ 550.000 para que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) avance con la designación de doce autoridades de tres instituciones gubernamentales.

Se trata de la elección del titular de la Defensoría Pública, de los nueve miembros de la Conferencia Intercultural y Pluricultural de Soberanía Alimentaria (Copisa) y de dos delegados del Comité de Desarrollo Fronterizo.

El pleno del Consejo de Participación Ciudadana resolvió, la noche del miércoles último, integrar las comisiones técnicas con delegados de cada uno de los siete consejeros, para que elaboren los instructivos respectivos para las designaciones.

Según la presidenta del organismo, Sofía Almeida, uno de los impedimentos que enfrentaban para proceder con esta elección era la falta de presupuesto.

 

Pero el Ministerio de Economía y Finanzas asignó los recursos en los últimos días, y en una “carrera contra el tiempo” buscarán realizar los concursos, sobre todo porque mensualmente evalúan la gestión de las partidas asignadas.

Según se conoció, esa cartera de Estado dispuso unos $ 554.835 para los concursos públicos, que permitirán pagar las dietas de quienes integren las comisiones ciudadanas y las publicaciones en prensa para hacer las convocatorias públicas para promover las postulaciones, así como para las etapas de impugnación ciudadana.

En el caso de la Defensoría Pública, la institución está bajo el encargo de Ángel Torres Machuca desde el 2019.

El extinto CPCCS de Transición, que presidió Julio César Trujillo (+), no concluyó con la elección y se la declaró desierta. Se nominó a Torres como el defensor encargado en abril del 2019.

En ese entonces, Torres buscaba ser seleccionado, pero fue descalificado por una impugnación ciudadana.

Una de las impugnaciones era porque Torres aparecía en fotografías en una fiesta con el exsecretario del CPCCS Darwin Seraquive.

 

Finalmente, el Transitorio lo dejó a cargo de la Defensoría Pública, en donde ha permanecido por los últimos dos años.

El reglamento para designar a esta autoridad fue aprobado y solo falta el instructivo, para lo que el CPCCS se impuso un plazo de quince días a fin de tenerlo listo.

Este concurso se llevará a cabo por una comisión ciudadana de selección, que integra a diez personas: cinco representantes de las funciones del Estado y cinco de la ciudadanía.

La elección de los nueve miembros de Copisa también se realiza por una comisión ciudadana.

El CPCCS Transitorio intentó elegirlos, pero resolvió la terminación anticipada del proceso por la falta de postulantes.

La complicación surgió porque las candidaturas deben ser propuestas por nueve sectores, entre ellos: las universidades, escuelas politécnicas y centros de investigación; los consumidores; los pequeños y medianos productores; los pequeños y medianos agricultores; los pequeños y medianos ganaderos; el sector acuícola; los campesinos y regantes; y los indígenas, afroecuatorianos y montubios.

Actualmente, Copisa, según su portal institucional, está funcionando con siete de los nueve integrantes, quienes están prorrogados.

Con la Ley Orgánica de Desarrollo Fronterizo, se estableció la elección de dos representantes del comité del mismo nombre.

Estos dos ciudadanos deben ser mayores de edad, ecuatorianos y vivir en una de la zonas fronterizas durante los dos últimos años anteriores a la convocatoria al concurso, que también se efectuará mediante una comisión ciudadana.

El pleno del Consejo resolvió también iniciar la discusión del reglamento para designar al titular de la Contraloría del Estado, aunque ello no implica que se convocará al concurso de méritos y oposición.

Los consejeros reprocharon que el CPCCS Transitorio los dejó “entrampados” legalmente para designar a esta autoridad.

Ello porque una de sus resoluciones mandó que Pablo Celi, contralor subrogante, termine el periodo del titular, Carlos Pólit, quien renunció antes de ser censurado y destituido por la Asamblea Nacional y sentenciado por el delito de concusión por el caso Odebrecht. Ese periodo se termina en marzo del 2022.

Otra de las condicionantes es la transformación de la Contraloría en un Tribunal de Cuentas, mediante una reforma legal que no avanzó en su discusión en el Legislativo. Estas decisiones del Transitorio fueron “blindadas” por la Corte Constitucional en un dictamen interpretativo.

El consejero Hernán Ulloa dijo en la sesión que hay que “tomar las riendas” para llevar a cabo este proceso, y el objetivo es estar listos frente a la coyuntura judicial que enfrenta Celi.

Actualmente, el organismo de control está presidido por Valentina Zárate, subrogante de Celi, quien se encuentra en prisión preventiva, mientras la Fiscalía investiga su participación en el delito de asociación ilícita en el caso Las Torres.

Este viernes está previsto que se instale una audiencia de apelación a la prisión que enfrenta, en la Corte Nacional de Justicia (CNJ).

En ese contexto, el CPCCS exhortó a la Corte Constitucional a que les informe cómo avanza el cumplimiento de dicho dictamen. (I)