Fuente: EL UNIVERSO

La Asamblea Nacional inhabilitó por dos años al exministro de Salud Pública Juan Carlos Zevallos, para ocupar un cargo público al aprobar la moción de censura dentro del juicio político que enfrentó por nueve razones, vinculadas a incumplimientos en la compra de vacunas y el plan de vacunación contra el COVID-19.

El juicio político duró más de ocho horas, y el exfuncionario fue juzgado políticamente en ausencia, pues no acudió ni se conectó de manera telemática a la convocatoria de la sesión 705 del pleno realizada por el presidente de la Asamblea, César Litardo.

La moción de censura fue planteada por los interpelantes Ángel Sinmaleza (ex-SUMA) y Pabel Muñoz, y aprobada por 129 de 130 asambleístas presentes en la sala, donde se dispone que el expediente sea remitido a la Fiscalía General del Estado, a fin de que inicie la respectiva investigación penal o sea incluido en la o las investigaciones iniciadas referentes a las actuaciones del funcionario censurado.

Que se remita el expediente a la Contraloría General del Estado, para que de manera inmediata realice las auditorías respectivas, y que se notifique al Ministerio del Trabajo a fin de que registre la censura del exfuncionario público y, en consecuencia, disponga la prohibición de ejercer algún cargo en el sector público durante el tiempo que determina la Ley.

 

Las nueve acusaciones tienen relación con las acciones y omisiones en la entrega fraudulenta de carnés de discapacidad durante la emergencia sanitaria, no otorgar equipos de protección al personal de salud durante la pandemia, insuficiente adquisición de pruebas diagnósticas de COVID-19.

Acusaciones en contra del ex ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos

También se determinó incumplimiento de funciones al no transparentar las cifras del número de fallecidos durante la pandemia, extraviar los cuerpos de las víctimas del coronavirus, desvinculación de funcionarios de la salud durante la pandemia, falta de control en las unidades médicas en la compra de equipos y medicinas con sobreprecio, desabastecimiento de vacunas pentavalentes, insuficiente adquisición de dosis contra el COVID-19, alteración del plan de vacunación al dar paso a una lista de personas que no estaban incluidas en la fase 0.

Este sería el último juicio político que se tramita en la actual Asamblea Nacional, a días de que concluya su periodo legislativo. Quedan pendientes los juicios políticos en contra del exministro de Finanzas Richard Martínez, y en contra del actual ministro de Energía, René Ortiz, ambos acusados de incumplimiento de funciones.

Sesión y pruebas

Con 126 legisladores presentes en la sala, la Asamblea Nacional se instaló a las 10:28 de este 5 de mayo para tramitar el juicio político en contra de Zevallos.

Instalada la sesión, el presidente del Legislativo ordenó la lectura del informe presentado por la Comisión de Fiscalización, que recomendó al pleno llamar a juicio político y censurar al exfuncionario por encontrarse pruebas suficientes respecto al incumplimiento de funciones mientras desempeñó el cargo.

Concluida la lectura del informe a las 14:55, el presidente Litardo pidió a la secretaría general que certificara si el acusado fue notificado del inicio del juicio. El secretario, Javier Rubio, certificó que el 1 de mayo a las 09:35 fue notificado al correo electrónico, pero que hasta el 5 de mayo, siendo las 15:05, no recibió contestación alguna a los correos electrónicos por parte del exministro Juan Carlos Zevallos que indique que va a hacer uso del derecho a la defensa consignado en el artículo 84 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.

 

La última información que se conoce es que el exministro de Salud salió del país el 27 de febrero de 2021, es decir, un día después de la renuncia al cargo, rumbo a Miami, Estados Unidos.

Respecto al juicio político en contra de Zevallos, en la etapa de prueba de cargo y descargo, el exfuncionario tampoco compareció ante la comisión que procesó el pedido de interpelación planteado por Sinmaleza y Muñoz (RC).

El primero en presentar las pruebas acusatorias contra Zevallos fue el legislador Ángel Sinmaleza, quien ratificó lo que señaló en la Comisión de Fiscalización, pues indicó que durante la pandemia por el COVID-19 no solo hubo sobreprecio en las medicinas y en las fundas de cadáveres y el reparto de hospitales, sino que también se registró una entrega fraudulenta de más de 3.000 carnés de discapacidad, pues si bien en la emergencia con estado de excepción se suspendió la entrega de esas credenciales; sin embargo, el Ministerio de Salud repartió carnés como hojas volantes y que incluso salpicó a la Asamblea Nacional.

También se refirió a un incumplimiento de funciones al no aplicar el artículo 25 y disposiciones transitorias octava y novena de la Ley Humanitaria, donde se otorgó un plazo de seis meses para la entrega de nombramientos definitivos a los trabajadores y profesionales de la salud que laboraron durante la emergencia.

En torno al plan de vacunación contra el COVID-19, Sinmaleza destacó que una de las tantas mentiras del exfuncionario fue el anuncio de la compra de 18 millones de vacunas, que nunca llegaron y además calificó de secreta la información sobre la adquisición de dosis.

A esto se suma, dijo el representante de Bolívar, que el exfuncionario alteró el plan de vacunación al desviar un número de dosis a un centro geriátrico en donde, según el propio Zevallos, se encontraría su madre, por lo que esta acción configuró un delito de mal uso de recursos públicos y en tráfico de influencias en el proceso de distribución de dosis.

Los dos interpelantes, al referirse al plan de vacunación hicieron públicas las expresiones del presidente de la República, Lenín Moreno, que tras la renuncia de Zevallos reveló que nunca hubo un plan de vacunación, que eso solo existía en la cabeza del exfuncionario.

El interpelante, Pabel Muñoz (RC), inició su intervención pidiendo disculpas al país por haber demorado en instaurar este juicio político, pero que la Asamblea no puede dejar en la impunidad la irresponsabilidad y negligencia de Zevallos.

Apoyado en videos y diapositivas, Muñoz expuso las pruebas que fundamentaron las nueve acusaciones en contra del exfuncionario que van desde la falta de equipos de protección personal para los profesionales de la salud; la insuficiente adquisición de pruebas de diagnóstico del coronavirus; transparentar el número de muertos; extraviar cuerpos fallecidos en la emergencia e inclusive se entregaron urnas con cenizas de otras personas; despidieron al personal de salud durante la pandemia; falta de control en la adquisición de medicinas e insumos médicos; insuficiente compra de vacunas contra el COVID-19 y mal manejo del plan de vacunación.

Respecto a las vacunas contra el coronavirus, comentó que durante la gestión de Zevallos se recibieron 24.520 dosis para una población cercana a los 18 millones, es decir que se recibieron vacunas del 0,0014% de la población total ecuatoriana; pues según la información del Colegio de Médicos de Pichincha, se necesitarían para inmunizar a todo el personal sanitario 219.154 dosis, y que en la época del exministro se consiguieron 25.570 dosis.

Sin embargo, añadió, esas dosis destinadas al personal de salud se desviaron a la familia de Zevallos, su suegra, sus amigos e incluso a un club social de alta alcurnia con música ambiental y bocaditos de por medio.

Explicó que en la época de Zevallos el país tuvo pocas vacunas porque privilegió la contratación de las vacunas Pfizer a precios más caros, mientras que las dosis de AstraZeneca eran más baratas; entonces, cabe preguntarse por qué no se golpeó la puerta de otros laboratorios.

Hoy ventajosamente, añadió, el presidente electo Guillermo Lasso tomó la decisión de romper supuestas taras ideológicas y habló con los países que están produciendo vacunas como Estados Unidos, China, Rusia, y otros de Europa.

En el debate participaron al menos doce legisladores que ratificaron su decisión de censurar al exfuncionario, a quien responsabilizaron de un mal manejo del sector salud durante la emergencia sanitaria. La asambleísta Ximena Changton (IND) planteó la suspensión de la licencia médica de Zevallos. (I)